El pasado 7 de octubre, el Gobierno presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, entendido como un “proyecto de país” que orienta la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, la reconstrucción sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de COVID-19, dando respuesta a los retos de la próxima década.

Uno de los cuatro pilares fundamentales identificados en el Plan es la transición ecológica que, junto a la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad, enmarcan el diseño del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Dentro de este Plan, la aceleración de la transición energética justa e inclusiva se constituye como elemento principal para la recuperación económica y como base para la reconstrucción de un modelo económico más sostenible y resiliente. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 (ELP), prevén un gran crecimiento de la generación renovable de electricidad, lo cual requiere la transformación del sistema energético, centralizado y unidireccional, en uno distribuido, multidireccional, inteligente y flexible, desarrollando el almacenamiento y servicios de flexibilidad, empleando herramientas como la digitalización de las redes, el almacenamiento y la gestión de la demanda.

El Plan de Recuperación se implementará mediante los distintos instrumentos de los que disponga la Administración Pública que permitan la adecuada movilización de los fondos. En el ámbito de esta línea de actuación, está previsto orientar las actuaciones e instrumentos en torno a los siguientes ejes:

• Despliegue del almacenamiento energético, tanto detrás del contador (“behind the meter”) ligado a instalaciones de consumo o generación, como conectados directamente a red, bien stand-alone, bien hibridados a plantas de generación renovable existentes.
• Redes inteligentes, mediante el impulso a la inversión en digitalización de las redes, y mejora de la infraestructura eléctrica para la integración de renovables.
• Iniciativas para el desarrollo de nuevos modelos de negocio que provean de flexibilidad al sistema energético asociados a la transición energética, como la implantación de agregadores y en especial los agregadores independientes o modelos de negocio en torno a la gestión de demanda en distintas tipologías de consumidor.
• Impulso al desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas en la cadena de valor del almacenamiento, incluyendo segunda vida de equipos, la gestión de la demanda o la flexibilidad en el ámbito del sector eléctrico.
• Inversión pública en start-ups o iniciativas de nueva creación dirigidas a la innovación y nuevos modelos de negocio en el ámbito energético.

Con el objetivo de garantizar la eficacia del Plan de Recuperación y asegurar la efectividad y eficiencia de su despliegue, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanza la presente manifestación de interés, de recabar la información imprescindible que permitiría, en su caso, la construcción y desarrollo posterior por parte del Gobierno, de manera autónoma, de las líneas estratégicas de actuación en los ámbitos de la mejora de la flexibilidad del sistema energético en su conjunto de forma competitiva y sostenible, entre otros, de las redes inteligentes y del despliegue del almacenamiento energético, dando apoyo al gran aumento de generación renovable previsto en los próximos años. Estas líneas se concretarían con base en los procedentes mecanismos de financiación u otros mecanismos de apoyo, con los correspondientes parámetros técnicos que deban regir estos procedimientos competitivos y transparentes para acceder a dichos programas.

La no presentación de una expresión de interés o respuesta a la consulta no limitará la posibilidad de presentar propuestas en una eventual futura convocatoria. Por tanto, la participación no supone la elegibilidad de ningún proyecto específico ni genera ningún derecho al acceso a la potencial financiación que pueda convocarse por la Administración para la consecución de los objetivos propuestos, ni ninguna obligación a la Administración.